Demanda a Fabricantes de Armas

Marcelo Ebrard presentó ante tribunales de Boston una demanda del gobierno de México contra las principales fábricas de armas en Estados Unidos, armas que por cientos de miles han vendido a nuestro país, al crimen organizado; provocando decenas de miles de muertes. Ya respondieron y, claro, se lavaron las manos y culparon a las autoridades mexicanas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores demandó en un tribunal de Boston, Massachusetts, a 11 corporaciones que fabrican y distribuyen armamento, por practicar un comercio negligente e ilícito a sabiendas del “daño masivo” causado en México por facilitar el tráfico de sus armas para los cárteles de las drogas y otros criminales, que han provocado la muerte de decenas de miles de mexicanos. La acusación no disimula. “Los criminales en México representan un mercado significativo para los acusados”, dice la demanda, “lo que explica la decisión empresarial de los acusados para seguir abasteciéndolos”.

La querella es un sólido documento de 135 páginas, que incluye 387 puntos de hechos sobre la calidad de la violencia desatada por esas armas, que impactó en la vida cotidiana y que ha provocado la pérdida obscena de vidas. Fue presentada por el despacho Hilliard Shadowen, de Austin, Texas, con gran reputación por sus litigios que involucran derechos económicos y civiles, donde se estima que el valor de las armas traficadas a México asciende anualmente a más de 250 millones de dólares, de los cuales 170 millones cuando menos, fueron de las ventas de las empresas acusadas, a criminales mexicanos.

Las quejas del tráfico de armas a México son viejas, sobre todo después de que el presidente George W. Bush eliminó la prohibición para que no se pudieran vender en las armerías de Estados Unidos fusiles de asalto en 1996.

El presidente Barack Obama no pudo revertir la prohibición por el cabildeo de los fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle, que compraron aliados en el Capitolio mediante financiamiento de campañas políticas. El eterno argumento ha sido la Segunda Enmienda constitucional, que reconoce el derecho de los estadounidenses de poseer y portar armas.

La demanda se refiere a la Segunda Enmienda, pero aclara: “Este caso involucra a los acusados de suministrar sus armas a mexicanos y a otros que violan la ley. Los cárteles no tienen derechos protegidos por la Segunda Enmienda, y los acusados no tienen derecho de suministrarles armas”. Entre el 70 y el 90% de las armas confiscadas en México que se utilizaron en un crimen fue contrabandeado desde Estados Unidos, y la mayoría de ellas pertenece a las empresas demandadas.

También lo hicieron los expresidentes, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, exigieron al gobierno de Estados Unidos frenar el tráfico de armas, pero no pasó de posiciones discursivas. La demanda presentada en Boston –donde tienen operaciones comerciales seis de los siete fabricantes de armas demandados– tiene otro alcance y escala. Incluso, en la selección de la Corte de Massachusetts. Ocho de los 10 jueces fueron nominados por los presidentes Obama o Clinton, y al igual que en la Corte de Apelaciones, son magistrados de corte liberal, un pensamiento que le permitió a Clinton sacar adelante la prohibición de los fusiles de asalto.

Legalmente es muy alta la apuesta del gobierno mexicano. Incluso, los abogados le comentaron al canciller Marcelo Ebrard que no tienen garantizada una victoria. De manera realista, es más probable que se pierda el caso. Ebrard afirma que “vamos a ganar”, pero no hay que interpretarlo legalmente. Si se analiza políticamente, el gobierno ya ganó, porque logró con tan sólo presentar la demanda, abrir de una manera diferente el debate público y acotar la impunidad de la que gozaban hasta ahora. Lo retórico no les importaba a los fabricantes de armas, pero al forzarlos a litigar en tribunales, se va a exponer masivamente lo que han hecho. La corresponsabilidad.

El que haya más de 50 mil armerías en esa nación, más que establecimientos de McDonald’s; es ridículamente mortal. Hay que aplaudir la demanda contra los fabricantes de armas, que si no en tribunales, políticamente ya fueron derrotados.

El 4 de agosto ya había reacciones políticas contra la demanda mexicana, sobre todo en el lado republicano, mientras las compañías demandadas contraatacaron acusando al gobierno mexicano de buscar un “chivo expiatorio” para eludir su responsabilidad en la actividad criminal y la corrupción. “Estas acusaciones carecen de fundamento; el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras", respondió ayer Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, una asociación que agrupa a miles de compañías involucradas en comercialización de armas de fuego en EU. Información de El Financiero, El Universal y Milenio

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