A medida que la ventana de oportunidad para contener el calentamiento global se está cerrando rápidamente, muchos países están aplicando políticas para reducir las emisiones. Varios dependen en gran medida de medidas de gasto, como el aumento de la inversión pública y los subsidios a las energías renovables. Estos esfuerzos de descarbonización son bienvenidos. Sin embargo, en algunos casos estas políticas conllevan grandes costos fiscales.
La acción climática presenta a los responsables de la formulación de políticas difíciles compensaciones. Depender principalmente de las medidas de gasto y ampliarlas para cumplir con las ambiciones climáticas será cada vez más costoso, lo que posiblemente aumente la deuda entre un 45 % y un 50 % del producto interno bruto para mediados de siglo. El alto endeudamiento, el aumento de las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento más débiles harán que las finanzas públicas sean aún más difíciles de equilibrar. Sin embargo, prolongar la situación actual deja al mundo vulnerable al calentamiento. Los países tienen la opción de generar ingresos para reducir la carga de su deuda a través de la fijación del precio del carbon (contaminantes), pero confiar únicamente en la fijación del precio del carbono puede cruzar una línea roja política.
Por lo tanto, los gobiernos se enfrentan a un trilema político entre el logro de los objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y la viabilidad política. En otras palabras, perseguir dos de estos objetivos tiene el costo de sacrificar parcialmente el tercero.
Nuestro último Monitor Fiscal (FMI) ofrece nuevas perspectivas sobre cómo gestionar este trilema. Los gobiernos deben tomar medidas audaces, rápidas y coordinadas, y encontrar la combinación óptima de medidas de mitigación basadas en los ingresos y los gastos. Se necesitan políticas inteligentes
Si bien ninguna medida por sí sola puede cumplir plenamente los objetivos climáticos, la fijación del precio del carbono es necesaria, pero no siempre es suficiente para reducir las emisiones, como también señalaron William Nordhaus y otros. Debería ser una parte integral de cualquier paquete de políticas. Las experiencias exitosas de países en diversas etapas de desarrollo, como Chile, Singapur y Suecia, muestran que se pueden superar los obstáculos políticos asociados con la fijación del precio del carbono. Las conclusiones de su experiencia pueden beneficiar no solo a las casi 50 economías avanzadas y de mercados emergentes que ya cuentan con sistemas de fijación de precios del carbono, sino también a los más de 20 países que contemplan su introducción.
Sin embargo, la fijación del precio del carbono por sí sola no es suficiente y debe complementarse con otros instrumentos de mitigación para abordar las deficiencias del mercado y promover la innovación y el despliegue de tecnologías con bajas emisiones de carbono. Una propuesta pragmática y equitativa exige un precio mínimo internacional del carbono, diferenciado entre países con diferentes niveles de desarrollo económico. Una transición justa también debe incluir transferencias fiscales sólidas a los hogares, los trabajadores y las comunidades vulnerables.
Los costos fiscales varían en función de la combinación de políticas de ingresos y gastos. Nuestro análisis muestra que una combinación y secuencia adecuadas de medidas climáticas basadas en los ingresos y los gastos promulgadas ahora puede limitar los costos fiscales de la reducción de emisiones, al tiempo que se logran los objetivos climáticos. Observamos que la deuda pública en las economías avanzadas aumentaría entre un 10% y un 15% del PIB para 2050 si no se adoptan medidas adicionales de ingresos o gastos, aunque estas estimaciones están sujetas a una gran incertidumbre, lo que refleja las diferencias entre los países en cuanto a los presupuestos gubernamentales, el tamaño de la inversión y los subsidios, la compensación a los hogares y la dependencia de los combustibles fósiles. Posponer la fijación del precio del carbono sería costoso, ya que agregaría entre un 0,8 y un 2 por ciento del PIB a la deuda pública por cada año de retraso.
Ningún país puede resolver la amenaza climática por sí solo. Tampoco puede el sector público actuar por sí solo. El sector privado tiene que satisfacer la mayor parte de las necesidades de financiación climática. El Monitor Fiscal analiza el papel de las empresas en la transición energética. Las encuestas realizadas tanto en Alemania como en Estados Unidos muestran que las empresas fueron resilientes a los picos de precios de la energía de 2022, con un impacto limitado en la producción y el empleo de las empresas y, en muchos casos, las empresas se ajustaron reduciendo el uso de energía e invirtiendo en eficiencia energética.
Los responsables de la formulación de políticas deben coordinar sus esfuerzos. Los países de mercados emergentes y en desarrollo se enfrentan a desafíos que exigen una mayor financiación en condiciones favorables para apoyar la transición ecológica, así como la transferencia de conocimientos y el intercambio de tecnologías bajas en carbono establecidas. Por ejemplo, el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad del FMI proporciona financiamiento a largo plazo para fortalecer la resiliencia económica y anuncios recientes como la Declaración de Nairobi y la participación de la Unión Africana en el Grupo de los Veinte para impulsar un acuerdo mundial práctico sobre un precio mínimo internacional del carbono y apoyar a los países en desarrollo.

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