Riesgo Grado de Inversión
No existe un riesgo real de que México pierda el grado de inversión en su deuda soberana como producto de las reformas constitucionales del llamado Plan C, no, en el corto plazo. Sí hay ese riesgo en el mediano plazo. La reforma judicial o la que plantea la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos afectaría otros órdenes de la vida pública de México, pero no de manera inmediata la capacidad de pago de las obligaciones del gobierno.
Un análisis de lo que dicen las agencias y la forma en que esto puede ser influido, por los cambios legales propuestos o por otros factores.
Lo primero a señalar es que las tres grandes agencias tienen a la deuda soberana del país con grado de inversión.
Fitch Ratings la coloca un escalón arriba de la frontera de los activos especulativos, mientras que Moody’s y S&P la ponen dos niveles por encima. Es decir, para perder el grado de inversión de las últimas dos, sería necesario una doble degradación. En el caso de Fitch sería una sola.
Los argumentos: Fitch. En uno de sus últimos reportes señaló lo siguiente: “La reforma judicial propuesta en México podría afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno empresarial de las compañías no financieras si su implementación obstaculiza la autonomía y la calidad del sistema judicial”.
“Creemos que estas reformas afectarán negativamente el perfil institucional de México, pero es demasiado pronto para medir la posible gravedad antes de su aprobación e implementación”.
En el caso de Moody’s, Renzo Merino, analista de la agencia para México, señaló que la actualización de las evaluaciones de la deuda del país dependerá del Plan Económico que presente la nueva administración, con énfasis en los balances fiscales y en el efecto que tenga el plan para Pemex en las finanzas públicas. Aunque también pondrán atención al impacto global de las reformas en el ambiente económico.
En el más reciente documento, en el que ratificaron la calificación de la deuda soberana del país, S&P estableció que los factores que eventualmente podrían incidir negativamente en la nota tienen que ver con el manejo macroeconómico y el balance de las finanzas públicas, pero también con las perspectivas del TMEC, así como los resultados de Pemex y CFE.
Sobre la base de la revisión de las evaluaciones, no se ve inminente que alguna de las calificadoras vaya a bajar la nota en el corto plazo.
Pero el hecho de que esa acción no pueda ser cercana no quiere decir que no vayan a estar vigilando con cuidado las variables que pueden afectar la capacidad de pago del país.
Más que la reforma judicial, cuyos efectos se van a apreciar mayormente en el mediano plazo, van a poner atención cuidadosa en los balances en materia de finanzas públicas.
Hay dudas fundadas de que la reducción planteada por Hacienda en los Precriterios de política económica sea compatible con las ofertas de campaña que permitieron el triunfo de Sheinbaum.
Se tendrá que hacer un tejido muy fino si se quiere ofrecer el próximo 15 de noviembre un Paquete Económico convincente para las calificadoras.
Si el déficit público se mantiene en términos nominales en este año y la economía crece en 1.5 por ciento –según la previsión de Banxico– en lugar de un 3.0 por ciento previsto por Hacienda, la cifra final sería ligeramente superior al 6 por ciento el déficit público. Lo que obliga a mayor deuda o impuestos, menor inversión (austeridad); para poder cumplir con las obligaciones y el Presupuesto de Egresos.
No va a ayudar en nada tampoco que exista un clima de enfrentamiento, así sea con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. El equipo económico de Claudia Sheinbaum tiene claro que, debido al llamado al Plan C y al crecimiento del déficit en este año, las calificadoras nos van a estar viendo con lupa.
El impacto de una pérdida de grado de inversión no sería solo un encarecimiento de los créditos, sino probablemente una corrida contra los activos en pesos (salida intempestiva de capitales) que eventualmente pondría el tipo de cambio del peso frente al dólar en niveles que hoy no queremos ni imaginar.
A su vez la intención de inversión directa interna o externa se vuelve muy cautelosa y esa especulación crecerá ante la falta de controles autónomos del gobierno incluido el Poder Judicial.
Esperemos que las decisiones sean muy responsables, aunque no sean del gusto de muchos simpatizantes de la 4T.

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