Demanda a las Armeras de EU

En uno de los pocos actos inteligentes de la diplomacia Mexicana se demanda a 7 fábricas vendedoras de armas, supuestamente a carteles y bandas del crimen organizado en México.

Durante la prohibición de los fusiles de asalto, que impulsó el presidente Bill Clinton, bajó el número de asesinatos en México, pero se disparó en el gobierno de Felipe Calderón. Como también lo hicieron los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, exigió al gobierno de Estados Unidos frenar el tráfico de armas, pero no pasó de posiciones principistas.

La demanda presentada en Boston –donde tienen operaciones comerciales seis de los siete fabricantes de armas demandados– tiene otro alcance y escala. Incluso, en la selección de la Corte de Massachusetts. Ocho de los 10 jueces fueron nominados por los presidentes Obama o Clinton, y al igual que en la Corte de Apelaciones, son magistrados de corte liberal, un pensamiento que le permitió a Clinton sacar adelante la prohibición de los fusiles de asalto.

La querella toca cada aspecto que impediría a las empresas que fabrican esas armas ser negligentes o tener prácticas comerciales ilegales, como sugiere el documento, y se apoya no sólo en las leyes estadounidenses sino en el propio gobierno de ese país que ha concluido, subraya, que “las armas de los acusados son la fuente principal de los arsenales de los cárteles”, y que su contrabando hacia México tiene “proporciones extraordinarias”.

La demanda mexicana no es inédita, y ha sido un camino que han seguido personas en Estados Unidos desde hace más de 15 años, aun pese a que desde 2005, cuando Bush levantó la prohibición de la venta de fusiles de asalto, la industria de las armas cabildeó en el Capitolio una ley que la protegiera de futuras demandas. De esta forma se aprobó en 2005 el Acta de Protección del Comercio Legal de Armas, un escudo que protege a las compañías de responsabilidades por el solo hecho de que sus armas hayan sido mal usadas, resultando en víctimas dentro de Estados Unidos.

Esa ley fue resultado del gran volumen de demandas que se dio antes de que Clinton promoviera la prohibición de la venta de los rifles de asalto, cuando acusaban a los fabricantes de las armas de facilitar un mercado negro en los mercados secundarios, mediante sus prácticas laxas de venta. Aunque la ley les proveía de una amplia impunidad, hubo casos donde han ganado espacio las demandas civiles. La más significativa, por lo que representa, es la presentada contra Remington Armas en 2016, introducida por familiares de 20 niños y seis adultos asesinados en la matanza de la primaria Sandy Hook en 2012, que se sigue litigando en la Suprema Corte de Connecticut.

Legalmente es muy alta la apuesta del gobierno mexicano. Incluso, los abogados le comentaron al canciller Marcelo Ebrard que no tienen garantizada una victoria. De manera realista, es más probable que se pierda el caso. Ebrard afirma que “vamos a ganar”, pero no hay que interpretarlo legalmente. Si se analiza políticamente, el gobierno ya ganó, porque logró con tan sólo presentar la demanda, abrir de una manera diferente el debate público y acotar la impunidad de la que gozaban hasta ahora. Lo retórico no les importaba a los fabricantes de armas, pero al forzarlos a litigar en tribunales, se va a exponer masivamente lo que han hecho.

Es una afrenta que cientos de armas letales salidas de las más de 10 armerías en la franja fronteriza estadounidense terminaran asesinando a mexicanos, al incentivar un mercado secundario de armas en números grotescos, como el que haya más de 50 mil armerías en esa nación. Hay que aplaudir la demanda contra los fabricantes de armas, que si no en tribunales, políticamente ya fueron derrotados. Por eso cobra importancia la denuncia que el gobierno federal interpuso ante las Cortes de Justicia de los Estados Unidos, en contra de grandes compañías fabricantes de armamento, a las que se acusa de incurrir en prácticas que fomentan la venta y el tráfico ilegal de armas a criminales mexicanos, además de pedir una “compensación económica” por el enorme daño que la presencia de esas miles de armas de origen estadounidense, han provocado a la sociedad mexicana por el aumento de los niveles de violencia en los últimos 20 años y tasas de homicidio, que ya rebasan los 164 mil mexicanos asesinados en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Y rebasan todos los anteriores sexenios.

Lo interesante de la demanda civil de daños que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard, es que por primera vez —en un tema prioritario para México ignorado por Estados Unidos en la relación bilateral— el gobierno mexicano decidió pasar de las quejas a la acción y, en la denuncia presentada en la Corte Federal de Distrito de Massachusetts, lugar donde están asentadas las empresas demandadas, acusa a poderosas compañías armamentistas estadounidenses de incurrir en “prácticas negligentes” que han provocado un “daño directo e indirecto” al Gobierno de México.

Veremos cómo le va a la demanda en las Cortes estadounidenses. No nos informan, ¿por qué?

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