Justicia de Feria
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Una de las frases más trilladas de los últimos tiempos es el “respeto al Estado de derecho”, que no es otra cosa que la irrestricta observancia del orden constitucional por parte de absolutamente todos los mexicanos, incluyendo, por supuesto, el mismo presidente de la República.
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Algo tan obvio no fue respetado por López Obrador en su sexenio en niveles tan absurdos que dieron pie a frases como: “la ley soy yo” o “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, en clara alusión a los fallos judiciales que fueron contrarios a sus caprichos y voluntad y, bueno, luego de esos desencuentros que tuvo con el Poder Judicial y, por supuesto, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se diseñó e implementó la reforma judicial, cuyo epítome es la elección popular de juzgadores o, lo que es lo mismo, a los jueces, magistrados y ministros los pone la presidenta.
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Qué importa si lo que queda de la Suprema Corte haya listado un proyecto que descalifica las sentencias del Tribunal Electoral para sacar adelante la elección judicial. Es común observar ahora lo que antes era impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas, conforme a lo que ha señalado, con razón, el ministro Alfredo Gutiérrez.
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El desacato a resoluciones judiciales se premia desde la Presidencia de la República, aunque eso solo lo hacen aquellos que son miembros de la élite del poder, porque si eso lo hiciera un ciudadano común y corriente, en menudo lío se metería; incluso, terminaría tras las rejas.
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La depuración y rasurado de las listas finales de los candidatos que participarán en la elección de juzgadores ya tiene los candados necesarios para que no se vaya a colar algún juez incómodo y mucho menos que vaya a filtrar una persona non grata a la Suprema Corte. De hecho, ya se diseñó todo el esquema legal necesario para que, al máximo tribunal, solo lleguen simpatizantes del oficialismo y así sucederá en la elección de magistrados y jueces.
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Lo que menos importa al régimen es que en la elección del próximo 1 de junio no acuda a las urnas más del 80% del padrón electoral o que se instalen menos de la mitad de casillas, porque el resultado ya está garantizado: aniquilar al Poder Judicial que le daba sustento a la Carta Magna, a la separación de poderes y, por supuesto, al régimen democrático.
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En opinión de Raymundo Rivapalacio: El nuevo Poder Judicial de México va a entrar a un túnel muy oscuro, sin luz al final. ¿Producirá un Armagedón legal el potaje que se está haciendo? Nadie puede saberlo, pero las bases sobre las cuales se construirá el sueño del expresidente Andrés Manuel López Obrador no son promisorias. Ya se vio el desorden que tiene la organización de la elección de juzgadores por falta de dinero y la ridícula boleta donde se votarán. Ya están los resultados del proceso de insaculación, realizado en una tómbola en el Senado parecida a la que usan en la Lotería, donde sus ‘niñas gritonas’ no sacaron billetes premiados sino, en una buena parte de los casos, recompensas por ser parte de la 4T.
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Las ministras de la Suprema Corte Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz tuvieron pase automático para tener un lugar asegurado en las boletas. Pero quien piense que están en riesgo de perder la elección es bastante ingenuo. Como la tómbola del Comité de Evaluación del Poder Legislativo que, como denunció Roberto Gil, no incluyó 90 nombres como exigía la Constitución, sino 39, de los cuales sólo 27 resultaron seleccionados, y de estos, 16 tenían nexos directos con Morena. No cabe duda. Los tocados por el régimen tienen muy buena suerte.
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Gil, un abogado panista con amplia experiencia constitucional, fue excluido porque consideraron que no tenía buena fama, porque hace casi tres lustros estuvo involucrado en un incidente callejero en Madrid por defender a su entonces esposa, que no pasó a mayores. Nunca pisó la comisaría madrileña, ni tiene antecedentes penales, pero lo descarrilaron de cualquier forma. En cambio, inscritos, y como las ministras pasarán avantes en las urnas, se encuentran personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como María Estela Ríos, su exconsejera jurídica, que lo empujó a violar la ley cuando gobernaba la Ciudad de México al hacer uso de un polémico terreno en Cuajimalpa, y demoró la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles porque no procesó correctamente la expropiación de terrenos y el pago de indemnizaciones.
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El régimen defiende el proceso –criticado en todo el mundo– y alega que fue un proceso democrático donde se inscribieron miles de personas. Es cierto, pero requirieron un empujoncito. Jesús Ramírez Cuevas, el propagandista de López Obrador y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, habló con los gobernadores de Morena para que acarrearan abogados a registrarse, como sucedió en vísperas de que se cerraran las inscripciones, mientras que en el gobierno federal, como no podían conseguir que renunciaran los obradoristas para dar paso al equipo de la nueva mandataria, les sugirieron que mientras tanto se inscribieran como juzgadores.
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La historia completa de este fraude nacional se irá contando gradualmente, y los resultados que arrojen permitirán saber si, en efecto, quienes tienen dinero, como políticos, empresarios y delincuencia organizada, podrán comprar su juzgador, o si, como alegan sus defensores, será un Poder Judicial químicamente puro porque emanará de la voluntad del pueblo. A saber.
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