La presidenta Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicaron los cambios que propone la reforma a la Ley de Amparo, que se encuentra en el Senado.
Negaron que se trate de limitar el derecho a la defensa, pero sí que se excedan los abusos de la defensa, entre ellos en los casos de deudores fiscales, que suelen extenderse pese a que la Corte o un Tribunal Colegiado dictó un monto de crédito fiscal que debe ser cobrado.
El Gobierno mexicano busca reducir los tiempos de los litigios de los deudores fiscales, de acuerdo con la explicación que ofreció Arturo Zaldívar sobre lo que se contempla en la reforma a la Ley de Amparo.
Comentó que actualmente muchos deudores fiscales abusan de los recursos legales, incluido el amparo, aun cuando la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado establece de manera firme un crédito fiscal, lo que extiende por años la controversia en perjuicio de la Hacienda Pública.
Explicó que ahora se plantea permitir solo un juicio de amparo, con el fin de evitar que transcurran años sin que el fisco pueda cobrar el crédito. Precisó que no se intenta limitar la defensa, pero sí poner freno al abuso de la misma.
“La iniciativa no está limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales. Lo que sucede es que, después de un largo camino, cuando ya la Corte o un Tribunal Colegiado establecen de manera firme el monto de un crédito fiscal, este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito. No se afecta la defensa, se limita el abuso de la defensa, para que si el procedimiento de ejecución fue incorrecto se cuestione en un solo juicio de amparo y no como ahora, que cuando ya se determina un crédito fiscal pueden pasar años y años y años, y el fisco jamás puede cobrar este crédito”, comentó.
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró en qué consiste la iniciativa sobre la Ley de Amparo, luego de que surgiera preocupación por los cambios que se contemplan y que podrían aprobar con la mayoría de Morena en el Congreso.
Negó que se limite el amparo y precisó que el objetivo es agilizar la justicia para que sea más eficaz y digital. Explicó que se modifica y delimita la figura de “interés legítimo” con el fin de facilitar su aplicación.
“Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, señaló.
Recordó que el amparo se modificó en varias ocasiones a lo largo de los años desde su implementación para garantizar la defensa de los derechos de los acusados. Indicó que ahora se busca reforzar la capacidad de investigación e inteligencia del Estado mexicano contra el lavado de dinero y el crimen organizado. También rechazó que el amparo no proceda en caso de que la UIF bloquee una cuenta bancaria “por error o información incompleta”. Aseguró que los afectados podrán comprobar la licitud de sus ingresos para liberar sus cuentas.
“Se busca un juicio de amparo más ágil, más eficaz, donde exista una justicia digital y hay dos aspectos fundamentales que se critican. Primero, que se limita el amparo porque se modifica el interés legítimo; es decir, que ya no se pueda defender a través del amparo derechos como los ambientales. No es así. La iniciativa únicamente describe los elementos de esta figura, el ‘interés legítimo’, para que sea más fácil aplicarla. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo.
Es falso que se establezca en la iniciativa que, en cualquier supuesto donde la UIF bloquee una cuenta, no proceda la suspensión. Por supuesto, pueden existir casos donde por información incompleta o errores se bloquee la cuenta de una persona sin relación con la delincuencia organizada o con actos delictivos. La iniciativa prevé que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta”, comentó el ministro en retiro.
Esta es la versión oficial.
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