Leyes sin confianza .

La transición energética hacia fuentes limpias y renovables no es solo un desafío tecnológico o comercial, sino también un reto profundamente normativo. Un marco legal y regulatorio sólido es la columna vertebral que permite a un sistema energético evolucionar hacia mayor robustez, seguridad, confiabilidad, suficiencia y, no menos importante, hacia la justicia y la asequibilidad para todos. .

América Latina, con su vasto potencial solar, eólico e hidráulico, tiene la oportunidad de convertirse en una potencia global en energías limpias. Sin embargo, el potencial no basta, se necesita certidumbre jurídica, reglas claras y procedimientos transparentes. Las leyes, reglamentos y disposiciones deben ser verdaderos faros que orienten el rumbo, y no muros que entorpezcan el paso. Cuando la regulación es incierta o contradictoria, las inversiones se congelan y el avance se vuelve más lento o de plano se detiene. .

En México, el panorama ilustra perfectamente este dilema. Tras la profunda reforma energética de 2013, que abrió el mercado a la competencia y atrajo grandes inversiones, hoy se vive un viraje legislativo. La derogación de ese marco y la aprobación de una nueva legislación han implicado la construcción desde cero de instituciones, como ocurrió recientemente con la desaparición de la CRE y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y de instrumentos normativos. Un ejemplo es la publicación hace apenas unos días de las disposiciones para solicitar permisos de generación de energía eléctrica para autoconsumo interconectado en el rango de 0.7 a 20 MW. .

Esto, ¿otorga certeza? En teoría, cualquier regulación que deje muy claro el cómo y el con quién se puede hacer realidad un proyecto, debería generar confianza. Pero en la práctica, los cambios abruptos y la ausencia de una visión de largo plazo suelen levantar dudas. Las inversiones en energías limpias requieren horizontes temporales amplios, estabilidad institucional y reglas que no cambien con cada ciclo político. .

El Estado, como rector del sector, tiene la obligación de garantizar que la regulación sirva al interés público. Eso implica crear condiciones para que la industria y la innovación florezcan, para que la infraestructura crezca al ritmo de la demanda y para que las comunidades se beneficien del cambio de modelo. No se trata de regular menos, sino de regular mejor, con criterios técnicos sólidos, llevando a cabo una consulta abierta a los actores relevantes del sector, y un compromiso explícito con la descarbonización de la economía. .

En la transición energética, el tiempo es un recurso tan valioso como la energía misma. Cada año perdido en debates estériles o trámites innecesarios es un año en que las emisiones continúan aumentando y la competitividad del país se erosiona. Una buena regulación es como una brújula bien calibrada, que señala en todo momento el rumbo correcto y evita que el barco se pierda en un mar de incertidumbre. Que sirva de guía y no como freno. .

México y América Latina tienen todo para navegar hacia un futuro limpio. Pero para llegar a puerto seguro, necesitamos leyes y reglamentos que no solo permitan, sino que impulsen el viento a favor de la transición. Porque sin brújula, no hay viaje; y sin reglas que sumen, no habrá energía limpia suficiente, y me atrevo a decir que ni siquiera de la sucia, a ningún precio. .

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