Nacionalización de la Industria Petrolera.
La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938, como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año 1936 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Este consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, cosas de ese tipo en general, todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de la Standard Oil Company de New Jersey, que se vio afectada al cambiar su nombre a Amoco Corporation), la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias, con la promesa de cumplir con los pagos a los involucrados en el tiempo de diez años conforme a derecho, ya que estas compañías, constituidas bajo leyes mexicanas, se habían rehusado a acatar el laudo (sentencia) emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de esta industria, la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Queda claro que el petróleo ya era patrimonio de la nación, como marca el Artículo 27 Constitucional. Y se gesta como sigue: En 1914, Luis Cabrera propuso aumentar la participación del Estado en los beneficios de la explotación petrolera, la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria comenzó a poner en práctica las primeras medidas para reivindicar a la nación la propiedad de las riquezas del subsuelo.​ El 15 de marzo de 1915, un grupo de abogados e ingenieros coordinados por el general Cándido Aguilar —quien era gobernador de Veracruz y yerno de Venustiano Carranza— crearon la Comisión Técnica del Petróleo. Un año más tarde, dicha Comisión presentó un informe señalando la necesidad de restituir a la nación las riquezas del subsuelo, cuya explotación había sido cedida libremente a los dueños del suelo durante el porfiriato.​ Con estos antecedentes y con la colaboración de Andrés Molina Enríquez, Francisco J. Múgica y Pastor Rouaix, entre otros, el Congreso Constituyente distinguió la propiedad del suelo y el subsuelo, en la redacción del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se señaló que el dominio del primero podía transmitirse en propiedad privada, pero el subsuelo y sus riquezas pertenecían al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación, la cual podía otorgar concesiones para su explotación.

De esta forma la nueva carta magna (1917) abolió el sistema de los privilegios absolutos respecto a los yacimientos que se habían otorgado durante el porfiriato. La reacción de las compañías petroleras no se hizo esperar, mediante presiones diplomáticas, amenazas de invasión militar y recursos jurídicos trataron de invalidar esta nueva norma constitucional. Lograron impedir que Carranza aprobara la ley reglamentaria correspondiente al Artículo 27 Constitucional mediante juicios de amparo insistiendo en la no retroactividad de la ley para salvaguardar sus intereses y continuar con el dominio absoluto de las riquezas del subsuelo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyó a las compañías petroleras y de forma sistemática se opuso a cualquier medida que pretendiese adoptar el Gobierno Mexicano para hacer cumplir el Artículo 27 Constitucional.
Al asumir el cargo de presidente, Álvaro Obregón reclamó al gobierno estadounidense el reconocimiento de su gobierno, y como prueba de sus buenas intenciones desarrolló en sus inicios una política laxa respecto a los aspectos legales sobre la propiedad del petróleo del subsuelo; pero con todo y ello se tiene que en 1921 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el primer caso de amparo de no aplicar retroactividad del artículo 27 constitucional a favor de la Texas Oil Company, para 1922 se sumaron 4 ejecutorias semejantes, estableciéndose así jurisprudencia sobre el tema. Obregón aumentó los impuestos de exportación al petróleo y sus derivados, esta medida tenía también como objetivo el poder reunir recursos financieros para los planes de su administración y comenzar a pagar la deuda externa del Gobierno Mexicano. Ante ello las compañías petroleras como protesta por tal disposición hacendaria suspendieron sus exportaciones y despidieron a un gran cantidad de trabajadores, obligando, de esta forma, a que Obregón redujera a la mitad el incremento de los impuestos. Por otro lado y a iniciativa del abogado principal de la Texas Oil Company se formó una comisión para negociar los problemas entre México y Estados Unidos. A finales de agosto de 1923 se firmó el mal llamado Tratado de Bucareli. Con este acuerdo bilateral —que no fue aprobado ni por el Congreso de Estados Unidos ni por el de México— se garantizaron las viejas concesiones petroleras y mineras dejando sin efecto al artículo 27 constitucional, a cambio, el presidente Warren G. Harding concedió el anhelado reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón y se comprometió a no apoyar a sus detractores. El 31 de agosto de 1923 las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se reanudaron, fue una época de bonanza y explotación desmedida en los yacimientos de la región petrolera de la Faja de Oro y de explotación de los trabajadores.