El 2 de abril de 2009, la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó en sesión plenaria las “reglas” para el funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del mismo año y, a Su vez, correspondieron al decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa el 9 de febrero del mismo 2009, luego de que el Congreso de la Unión había aprobado tales reglas en diciembre de 2008, en la Cámara de Diputados, de César Duarte, el priista chihuahuense; y, en el Senado, de Gustavo Madero, también chihuahuense, pero panista.

“ES UN OBJETIVO loable y compartido el buscar métodos para reducir o eliminar el uso delictivo de los aparatos móviles de telefonía, pero no hay nada aún, fuera de Palacio Nacional, que sustente la confianza ciudadana en proporcionar datos personales a estructuras de poder (burocráticas, policíacas y militares) aún no saneadas más que de manera discursiva y muy restringida. Lo mejor será dar marcha atrás a la pretensión de constituir tal padrón que, junto con los nuevos requerimientos bancarios para el uso de servicios mediante celulares o computadoras, está agregando preocupación y angustia justificadas a amplios segmentos poblacionales”.

No es nuevo el tema del registro de los teléfonos celulares, la diferencia con la gestión actual son los registros biométricos, es decir, el registro de la retina y la huella digital; si se obliga a las empresas vendedoras de los teléfonos móviles a recabar esta información y el pretexto es la seguridad, en cuanto a extorsión, tráfico de teléfonos, secuestro y otros; estamos expuestos a que estas empresas pierdan o vendan los directorios para poner a una parte de la población muy vulnerable frente a la delincuencia organizada. Obligación del Gobierno es la seguridad y es necesario la secrecía de los datos personales.

“Tras la aprobación reciente en el Senado del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ha surgido una ola de rechazo por la invasión a la privacidad ya que establece que para tener un celular hay que dar toda la información biométrica del usuario y hasta el ADN. Dicen que es por seguridad. Pero los delincuentes no van a dar los datos de sus aparatos con los que seguirán extorsionando y la privacidad estará pronto en el mercado”.

El Inai ya bajó la palanca de alarma. Dice que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), con datos biométricos, que se pretende crear, es un riesgo latente para la protección de los datos personales. El padrón contendría el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial y datos biométricos. Pero también domicilio, datos del concesionario, esquema de contratación de la línea, avisos de actualización de información. Una escaneada completa a los usuarios de las 126 millones de líneas. Agrega el Instituto:

“Se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulado por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar los datos”. Inai.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) considera imprescindible limitar al máximo la recolección de datos biométricos que pudieran revelar información sensible de las personas, así como obtener y utilizar únicamente los que sean necesarios para las finalidades con las que sean recabados.

Los estudiosos de las leyes ya adelantan la posibilidad de que sea declarada inconstitucional. Va lo que escribió el jurista Diego Valadés en Twitter: “Obligar a las personas a poner sus datos biométricos —iris y huellas digitales— a disposición de empresas privadas de telefonía celular, como requisito para recibir un servicio de comunicación, viola la Constitución en perjuicio de nuestros derechos humanos. La mayoría del Senado se equivocó. Es muy lamentable”. Y el ministro en retiro, José Ramón Cossío: “Completamente de acuerdo. Con altas posibilidades de ser declarado inconstitucional”.

El argumento para aprobar la minuta es combatir secuestros, extorsiones o cualquier delito en el que se utilicen celulares. Se advierte el riesgo de que si a usted le roban el teléfono y después es utilizado para cometer un delito, se vea en serios problemas. Una pregunta pertinente: si quieren combatir las extorsiones ¿Por qué no empiezan con el bloqueo de celulares en los penales?

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) y Protección de Datos Personales es un órgano constitucional autónomo de México encargado del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales, constitucionalmente; por lo que el asunto de los datos personales debe pasar por ahí. Si llega a las cámaras y se aprueba sería muy fácil ganar una controversia constitucional.

Y en el más malo de los pensamientos ¿no habrá alguien o algunos que consideren que teniendo esos padrones se puede manipular una elección electrónica, que es la primera parte para crear las votaciones remotas? Digo, divagando en las posibilidades de tener un registro cuasi total de mexicanos hasta con ADN.

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