El Sector público fundamental en el combate al cambio climático.

El cambio climático es uno de los desafíos de política macroeconómica y financiera más críticos que enfrentan los miembros del FMI en las próximas décadas. Los recientes picos en el costo del combustible y los alimentos, y los riesgos resultantes de disturbios sociales, subrayan la importancia de invertir en energía verde y aumentar la resiliencia a las crisis.

Requerirá inversiones globales masivas para abordar el desafío climático y las vulnerabilidades a las crisis. Las estimaciones oscilan entre $ 3 billones y $ 6 billones por año hasta 2050. El nivel actual de alrededor de $ 630 mil millones es solo una fracción de lo que realmente se necesita, y muy poco se destina a los países en desarrollo.

Es por eso que necesitamos un cambio importante para aprovechar el financiamiento público y, especialmente, el privado. Con 210 billones de dólares en activos financieros en todas las empresas, o aproximadamente el doble del producto interno bruto de todo el mundo, el desafío para los responsables de la formulación de políticas y los inversores es cómo dirigir una gran parte de estas tenencias a proyectos de mitigación y adaptación al clima.

¿Qué impide que el dinero fluya en mayores volúmenes hacia proyectos climáticos fuera de las economías avanzadas?

Los incentivos están en el centro del problema. Los inversores tienen muchas opciones alternativas para generar rendimientos, incluidos los combustibles fósiles en ausencia de precios sólidos del carbono. Y actualmente, los proyectos verdes en los mercados emergentes y las economías en desarrollo simplemente no justifican los riesgos.

Por ejemplo, tanto las inversiones en paliar los efectos de la pandemia y de la Guerra al afectar las cadenas de producción a menudo vienen con altos costos iniciales, múltiples desafíos técnicos, un horizonte de tiempo largo y modelos de negocio no probados. Añádase a eso los malos datos, los riesgos asociados con las fluctuaciones monetarias, las condiciones macroeconómicas, un entorno empresarial impredecible y el potencial percibido de agitación política.

Como resultado, muchas oportunidades climáticas no pueden asegurar un financiamiento suficiente. Aquellos que lo hacen tienen más probabilidades de atraer a un pequeño grupo de inversores especializados que exigen altos rendimientos en una clase de activos en desarrollo y relativamente ilíquida, siendo la deuda el principal instrumento.

Este es particularmente el caso de las empresas de energía renovable, que operan en mercados de poca liquidez y tienen necesidades de financiación a largo plazo. Por ejemplo, hay evidencia de que los grandes inversores excluyen a las empresas con una capitalización de mercado inferior a $ 200 millones, un umbral que relativamente pocas compañías de energía renovable superan. Y la compensación que el mercado espera a cambio de poseer el activo y asumir el riesgo de propiedad, denominado costo de capital, para inversiones climáticas para inversores de impacto está en el rango de 12-15 por ciento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo fronterizas. Esto sugiere que podría ser aún mayor para los inversionistas comerciales.

Estos obstáculos no son insuperables. Pero abordarlos, para cambiar los incentivos para los inversionistas nacionales y extranjeros, requerirá una acción coordinada y decidida en todos los sectores público y privado.

En México no hay la menor voluntad del gobierno para invertir en energías verdes, y crea un ambiente de desconfianza a la inversión privada.

El papel de la financiación de los sectores público y privado varía de un país a otro en función de las características específicas de cada país y del contexto económico e institucional local. La combinación de financiamiento del sector público y privado es útil para reducir el riesgo de estas inversiones para el capital del sector privado en general.

Por ejemplo, el sector público podría invertir capital, lo que conlleva mayores riesgos, si el activo subyacente pierde valor, o proporcionar mejoras crediticias para mejorar la solvencia de los proyectos. Ambos reducirían el costo de la inversión al reducir el riesgo para el sector privado. Al tomar una posición de capital en las inversiones climáticas, el sector público asumiría gran parte del riesgo de inversión, pero también vería beneficios al alza cuando las inversiones tengan éxito.

Pero es importante que el gobierno lo haga en conjunto con el sector privado.

Más allá del financiamiento, los gobiernos pueden usar varias herramientas de política para ayudar a atraer capital del sector privado hacia oportunidades climáticas. La voluntad política para empezar.

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